La Ley 21.459 de Delitos Informáticos es la norma que castiga en Chile los ataques a sistemas y datos informáticos. Se publicó el 20 de junio de 2022, derogó la Ley 19.223 y adecuó la legislación al Convenio de Budapest. Tipifica ocho delitos, como el acceso ilícito y el fraude informático, con penas de multa a presidio.
Lo esencial en 30 segundos
- Publicada el 20 de junio de 2022, derogó la Ley 19.223, la anterior ley de delitos informáticos.
- Tipifica ocho delitos (artículos 1 a 8), del acceso ilícito al fraude informático y el abuso de los dispositivos.
- Desde el 1 de enero de 2025, el acceso ilícito simple para investigar vulnerabilidades en sistemas cuyo responsable tenga domicilio en Chile no se sanciona si se cumplen siete condiciones, entre ellas inscribirse en un registro de la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
- Una empresa puede responder penalmente por estos delitos a través de la Ley 20.393 si el delito se cometió en el marco de su actividad, por alguien vinculado a ella, y se vio facilitado por la falta de un modelo de prevención efectivo.
- Si el ataque compromete datos personales, denunciar no reemplaza los deberes de seguridad y de comunicación de la brecha que impondrá la Ley 21.719.
Desde 1993, Chile castigó los delitos informáticos con la Ley 19.223. La Ley 21.459 la reemplazó por un catálogo más amplio, con definiciones propias, reglas de investigación y responsabilidad penal para las personas jurídicas. Su título declara el propósito: adecuar la legislación «al Convenio de Budapest», el tratado internacional sobre ciberdelincuencia. Si quieres el panorama completo, parte por nuestra guía sobre la ley de protección de datos personales en Chile.
Este artículo resume la ley artículo por artículo, con las penas del texto vigente en la Biblioteca del Congreso Nacional (revisado el 19 de noviembre de 2026). Al final explica qué pasa cuando el sistema atacado contiene datos personales: ahí la empresa deja de ser solo víctima y pasa a tener deberes como responsable de datos.
¿Qué es la Ley 21.459 y desde cuándo rige?
La Ley 21.459 es la ley chilena que establece los delitos informáticos y sus sanciones. Fue promulgada el 9 de junio de 2022 y publicada en el Diario Oficial el 20 de junio de 2022. Se tramitó como Boletín N° 12.192-25.
El artículo 17 de la Ley 21.459 deroga la Ley 19.223 y dispone que toda referencia legal o reglamentaria a esa ley debe entenderse hecha a la nueva. Los hechos cometidos antes de su entrada en vigor se juzgan conforme a la ley vigente al momento de cometerlos, salvo que la Ley 21.459 resulte más favorable al imputado (artículo primero transitorio).
La ley tiene tres títulos: los delitos y sus sanciones (artículos 1 a 10), el procedimiento (artículos 11 a 14) y las disposiciones finales (artículos 15 a 21). El artículo 15 de la Ley 21.459 define datos informáticos como «toda representación de hechos, información o conceptos expresados en cualquier forma que se preste a tratamiento informático», incluidos los programas.
¿Qué delitos tipifica la Ley 21.459 y qué penas tienen?
La ley describe ocho delitos. La tabla resume la conducta y la pena base de cada uno. Como referencia, el artículo 25 del Código Penal fija la duración de las penas temporales menores, como el presidio menor, entre sesenta y un días y cinco años; el mismo Código divide las penas divisibles en tres grados: mínimo, medio y máximo.
| Delito | Conducta | Pena base |
|---|---|---|
| Ataque a la integridad de un sistema informático (art. 1) | Obstaculizar o impedir el normal funcionamiento de un sistema mediante la introducción, daño, alteración o supresión de datos. | Presidio menor en sus grados medio a máximo. |
| Acceso ilícito (art. 2) | Acceder a un sistema sin autorización o excediéndola, superando barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad. | Presidio menor en su grado mínimo o multa de 11 a 20 UTM. Sube si hay ánimo de apoderarse o usar la información, o si se divulga. |
| Interceptación ilícita (art. 3) | Interceptar, interrumpir o interferir indebidamente la transmisión no pública de información, o captar datos a través de emisiones electromagnéticas. | Presidio menor en su grado medio; la captación de emisiones, grados medio a máximo. |
| Ataque a la integridad de los datos informáticos (art. 4) | Alterar, dañar o suprimir indebidamente datos informáticos, causando un daño grave a su titular. | Presidio menor en su grado medio. |
| Falsificación informática (art. 5) | Introducir, alterar, dañar o suprimir datos para que sean tomados como auténticos o generen documentos auténticos. | Presidio menor en sus grados medio a máximo; más alta si la comete un empleado público abusando de su oficio. |
| Receptación de datos informáticos (art. 6) | Comercializar, transferir o almacenar datos obtenidos por acceso ilícito, interceptación o falsificación, conociendo o no pudiendo menos que conocer su origen. | La pena del delito de origen, rebajada en un grado. |
| Fraude informático (art. 7) | Manipular un sistema informático, causando perjuicio a otro, para obtener un beneficio económico propio o de un tercero. | Escala según el perjuicio, desde presidio menor en su grado mínimo hasta su grado máximo, más multa. |
| Abuso de los dispositivos (art. 8) | Para cometer los delitos de los artículos 1 a 4 o los fraudes del artículo 7 de la Ley 20.009, entregar, obtener, importar o difundir dispositivos, programas, contraseñas o códigos creados o adaptados principalmente para ello. | Presidio menor en su grado mínimo y multa de 5 a 10 UTM. |
El fraude informático escala por monto: hasta 4 UTM de perjuicio, presidio menor en su grado mínimo y multa de 5 a 10 UTM; entre 4 y 40 UTM, presidio menor en su grado medio y multa de 6 a 10 UTM; sobre 40 UTM, presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 11 a 15 UTM; sobre 400 UTM, presidio menor en su grado máximo y multa de 21 a 30 UTM. En el acceso ilícito, la pena sube a presidio menor en sus grados mínimo a medio si hay ánimo de apoderarse o usar la información, y a sus grados medio a máximo si la misma persona la obtiene y la divulga.
Dos detalles importan en la práctica. El acceso ilícito exige superar barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad. Y la receptación alcanza a quien comercializa, transfiere o almacena datos obtenidos ilícitamente, conociendo o no pudiendo menos que conocer su origen, aunque no haya participado en su obtención.
¿Qué circunstancias agravan las penas?
El artículo 10 de la Ley 21.459 establece dos circunstancias agravantes para todos los delitos de la ley:
- Cometer el delito abusando de una posición de confianza en la administración del sistema informático o como custodio de los datos que contiene, en razón del ejercicio de un cargo o función.
- Cometer el delito abusando de la vulnerabilidad, confianza o desconocimiento de niños, niñas, adolescentes o adultos mayores.
Además, si la conducta afecta o interrumpe servicios de utilidad pública, como electricidad, agua, telecomunicaciones o servicios financieros, la pena aumenta en un grado. La primera agravante es la que más toca a las empresas: apunta al administrador de sistemas o al trabajador con acceso privilegiado que usa ese acceso para delinquir.
¿Es delito el hacking ético en Chile?
La Ley 21.663, Ley Marco de Ciberseguridad, agregó al artículo 2 de la Ley 21.459 un inciso final que deja sin sanción penal el acceso ilícito simple (el del inciso primero) a quien investiga vulnerabilidades en un sistema cuyo responsable tenga domicilio en Chile. Rige desde el 1 de enero de 2025, la fecha de vigencia general de la Ley 21.663 fijada por el DFL N° 1 de 2024. Las condiciones son siete y deben cumplirse todas:
En una empresa privada, la consecuencia práctica es la sexta condición: una prueba de penetración sin el consentimiento del responsable del sistema no queda cubierta. La exención alcanza solo al acceso simple; no cubre el apoderamiento ni la divulgación de información, que siguen siendo delito.
Una prueba contratada y autorizada por el responsable del sistema no es acceso ilícito: el artículo 2 exige actuar sin autorización o excediendo la autorización que se posea.
¿Puede una empresa responder penalmente por un delito informático?
Sí. El artículo 21 de la Ley 21.459 incorporó estos delitos al catálogo de la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hoy esa remisión pasa por la Ley 21.595 de Delitos Económicos: el artículo 1 de la Ley 20.393 vigente incluye los delitos de los artículos 1 a 4 de esa ley, «sean o no considerados como delitos económicos», y el artículo 2 de la Ley 21.595 (número 20) menciona los artículos 1 a 8 de la Ley 21.459. Las modificaciones de la Ley 21.595 a la Ley 20.393 rigen desde el primer día del decimotercer mes siguiente a su publicación, que fue el 17 de agosto de 2023.
Para que la persona jurídica responda, el artículo 3 de la Ley 20.393 exige que el delito se cometa en el marco de su actividad, por o con la intervención de alguien que ocupe un cargo, función o posición en ella o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, y que la comisión se vea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención. El mismo artículo excluye el caso en que el delito se comete exclusivamente contra la propia persona jurídica.
Dicho en simple: si un trabajador compra una base de datos robada para la fuerza de ventas, la empresa puede quedar expuesta. El detalle está en nuestro artículo sobre la responsabilidad penal de las empresas según la Ley 20.393. En empresas grandes, ese modelo conviene coordinarlo con el gobierno de datos y la seguridad de la información, que es el trabajo que hacemos en programas de cumplimiento para empresas.
¿Qué cambió la Ley 21.459 en otras leyes?
Además de los delitos, la ley ajustó las herramientas de investigación y otras normas:
- Código Procesal Penal: agrega la preservación provisoria de datos informáticos. El Ministerio Público puede pedir a un proveedor de servicio que conserve datos por 90 días, prorrogables hasta 180, mientras obtiene la autorización judicial. Su vigencia quedó sujeta a un reglamento (artículo segundo transitorio).
- Investigación: para los delitos de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 7, el juez de garantía puede autorizar técnicas especiales y un agente encubierto en línea (artículo 12 de la Ley 21.459).
- Comiso de los instrumentos, efectos y utilidades del delito (artículo 13 de la Ley 21.459).
- Lavado de activos: los delitos del Título I pasan a ser delitos base en el artículo 27 de la Ley 19.913.
Si un ataque compromete datos personales, ¿basta con denunciar?
No. La denuncia persigue al autor del delito; no cumple los deberes que la empresa tiene como responsable de los datos. Además, cuando entre en vigencia, el artículo 14 sexies de la Ley 21.719 aclarará que sus deberes de información «no obstan a los demás deberes de información que establezcan otras leyes»: reportar a la Agencia no reemplaza otros reportes, como el de la Ley 21.663. Ojo con los conceptos: los «datos informáticos» de la Ley 21.459 son una categoría técnica; los datos personales son los de una persona natural, y los protege la ley de protección de datos personales.
Hoy rige la Ley 19.628 original, cuyo artículo 11 obliga al responsable de una base de datos personales a cuidarlos «con la debida diligencia, haciéndose responsable de los daños». La Ley 21.719 tiene fecha legal de entrada en vigencia el 1 de diciembre de 2026; el 17 de noviembre de 2026 el Congreso despachó una prórroga que la traslada al 15 de octubre de 2027, pero aún falta su promulgación y publicación en el Diario Oficial. Cuando entre en vigencia, la ley exigirá lo siguiente frente a un ataque:
| Deber | Norma | A quién y cuándo |
|---|---|---|
| Medidas de seguridad adecuadas al riesgo | Artículo 14 quinquies de la Ley 21.719 | Ante un incidente, y si hay controversia judicial o administrativa, el responsable deberá acreditar que existían y funcionaban. |
| Reportar la vulneración de seguridad | Artículo 14 sexies de la Ley 21.719 | A la Agencia de Protección de Datos Personales, sin dilaciones indebidas, cuando exista un riesgo razonable para los derechos y libertades de los titulares. |
| Comunicar a los titulares | Artículo 14 sexies de la Ley 21.719 | Si la vulneración afecta datos sensibles, datos de niños y niñas menores de catorce años o datos económicos, financieros, bancarios o comerciales. |
| Reportar el incidente de ciberseguridad | Artículo 9 de la Ley 21.663 (vigente) | Al CSIRT Nacional, que funciona dentro de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (artículo 24 de la Ley 21.663), solo si la empresa presta servicios esenciales o es operador de importancia vital y el incidente puede tener efectos significativos: alerta temprana en 3 horas, actualización en 72 horas (24 horas si un operador de importancia vital ve afectados sus servicios esenciales) e informe final en 15 días corridos. |
Con la Ley 21.719 vigente, vulnerar las obligaciones de seguridad y omitir las comunicaciones o registros ante una vulneración serán infracciones graves (artículo 34 ter, letras j y k), con multa de hasta 10.000 UTM (artículo 35); si la omisión de la comunicación es deliberada, será gravísima (artículo 34 quáter, letra f), con multa de hasta 20.000 UTM. El plazo de 72 horas es de la Ley 21.663, no de la ley de datos, que exige reportar sin dilaciones indebidas.
El detalle de cada deber está en nuestras guías sobre notificación de brechas, medidas de seguridad y el resumen de la Ley 21.663. Para el panorama completo de las obligaciones, consulta el resumen de la Ley 21.719.
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¿La Ley 19.223 sigue vigente?
No. El artículo 17 de la Ley 21.459 derogó la Ley 19.223 y dispuso que toda referencia a ella se entienda hecha a la nueva ley. Los hechos cometidos antes de la entrada en vigor de la Ley 21.459 se juzgan con la ley vigente cuando se cometieron, salvo que la nueva sea más favorable al imputado.
¿Qué pena tiene el acceso ilícito a un sistema informático?
Presidio menor en su grado mínimo o multa de 11 a 20 UTM, cuando se accede sin autorización superando barreras técnicas o medidas de seguridad (artículo 2 de la Ley 21.459). Si hay ánimo de apoderarse o usar la información, o si se divulga, la pena sube.
¿Es legal el hacking ético en Chile?
El acceso simple para investigar vulnerabilidades no se sanciona si se cumplen las siete condiciones del inciso final del artículo 2 de la Ley 21.459, agregado por la Ley 21.663. Entre ellas: estar inscrito en el registro de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, avisarle antes, reportar lo encontrado y, si el sistema no es del Estado, contar con el consentimiento de su responsable.
¿Qué es el fraude informático según la Ley 21.459?
Es manipular un sistema informático, causando perjuicio a otro, para obtener un beneficio económico propio o de un tercero (artículo 7 de la Ley 21.459). La pena escala según el perjuicio y llega a presidio menor en su grado máximo y multa de 21 a 30 UTM cuando supera 400 UTM.
¿Una empresa puede ser penalmente responsable por delitos informáticos?
Sí. Los delitos de los artículos 1 a 8 de la Ley 21.459 están en el catálogo de la Ley 20.393, a través de la Ley 21.595 de Delitos Económicos. La empresa responde si el delito se cometió en el marco de su actividad por alguien vinculado a ella y se vio facilitado por la falta de un modelo de prevención efectivo; no responde si el delito se cometió exclusivamente en su contra.
¿Comprar una base de datos robada es delito?
Puede serlo. La receptación de datos informáticos castiga a quien comercializa, transfiere o almacena, con un fin ilícito, datos provenientes de un acceso ilícito, una interceptación o una falsificación, conociendo o no pudiendo menos que conocer su origen (artículo 6 de la Ley 21.459). La pena es la del delito de origen, rebajada en un grado.
Si roban datos personales de mi empresa, ¿basta con hacer la denuncia?
No. La denuncia persigue al autor; los deberes de protección de datos son de la empresa como responsable. Cuando entre en vigencia la Ley 21.719, la empresa deberá reportar la vulneración a la Agencia sin dilaciones indebidas si existe un riesgo razonable para los titulares, y en ciertos casos comunicarla a los afectados (artículo 14 sexies).
¿La notificación de brechas de la Ley 21.719 tiene un plazo de 72 horas?
No. El artículo 14 sexies de la Ley 21.719 exige reportar «sin dilaciones indebidas», sin un número de horas. El esquema de 3 horas, 72 horas y 15 días corridos es del artículo 9 de la Ley 21.663 y se reporta al CSIRT Nacional, el equipo de respuesta que funciona dentro de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, solo por las instituciones que esa ley obliga y cuando el incidente puede tener efectos significativos.
Fuentes oficiales
- Ley 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest
- Ley 21.663, Ley Marco de Ciberseguridad (artículo 55, que modifica la Ley 21.459, y artículo 9)
- DFL N° 1 de 2024, Ministerio del Interior y Seguridad Pública — fecha de inicio de la ANCI y vigencia de la Ley 21.663
- Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas (texto vigente)
- Ley 21.595 de Delitos Económicos
- Código Penal
- Ley 19.628 consolidada con las modificaciones de la Ley 21.719
- Ley 21.719 — texto publicado, con sus disposiciones transitorias
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal para un caso particular.