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Ley 20.393: responsabilidad penal de las empresas en Chile y el modelo de prevención de delitos

Desde la Ley de Delitos Económicos, el catálogo de la Ley 20.393 alcanza áreas como impuestos, aduanas, medio ambiente, mercado de valores y sistemas informáticos. Y la falta de un modelo de prevención efectivo es uno de los requisitos para que la empresa responda.

Cumplimiento · Responsabilidad penal de la empresa
Respuesta corta

La Ley 20.393 hace penalmente responsables a las personas jurídicas en Chile por los delitos de su catálogo, que hoy remite a la Ley 21.595 de delitos económicos. La empresa responde si el delito lo comete, en el marco de su actividad, alguien que ocupa un cargo o gestiona sus asuntos, y se vio favorecido por la falta de un modelo de prevención efectivo.

Lo esencial en 30 segundos

  • La Ley 20.393 se aplica a las personas jurídicas de derecho privado, a las empresas públicas creadas por ley, a las empresas y universidades del Estado, a los partidos políticos y a las personas jurídicas religiosas de derecho público (artículo 2 de la Ley 20.393).
  • Su catálogo remite a los artículos 1 a 4 de la Ley 21.595 de delitos económicos, que incluye, entre muchos otros, los delitos informáticos de la Ley 21.459.
  • La empresa responde cuando el delito se vio «favorecido o facilitado» por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención (artículo 3 de la Ley 20.393).
  • El modelo tiene cuatro elementos: mapa de riesgos, protocolos con canal de denuncia y sanciones, responsables con independencia y evaluaciones periódicas por terceros independientes (artículo 4 de la Ley 20.393).
  • No es lo mismo que el modelo de prevención de infracciones de la Ley 21.719: uno previene delitos y lo valora un juez; el otro previene infracciones de datos personales y lo certificará la Agencia cuando la ley entre en vigencia.

Durante años, la Ley 20.393 se leyó como una norma de nicho: lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. La Ley 21.595 de delitos económicos, publicada el 17 de agosto de 2023, cambió esa lectura: reescribió la Ley 20.393 y amplió su catálogo a delitos tributarios, aduaneros, ambientales, del mercado de valores y muchos otros que pueden ocurrir en áreas habituales de una empresa. Los delitos informáticos ya estaban en el catálogo desde 2022. Si quieres el panorama completo, parte por nuestra guía sobre la ley de protección de datos personales en Chile.

Este artículo resume qué es la Ley 20.393 hoy, a quién se aplica, qué delitos la activan, qué penas arriesga la empresa y qué debe tener un modelo de prevención de delitos según el texto vigente. Al final explica en qué se diferencia del modelo de prevención de infracciones de la ley de datos personales y cómo gobernar ambos sin duplicar trabajo. Las fuentes se revisaron el 19 de noviembre de 2026.

¿Qué es la Ley 20.393?

La Ley 20.393 es la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. Fue publicada en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009 y regula tres cosas: por qué delitos responde una persona jurídica, cómo se investiga esa responsabilidad y qué penas se le pueden imponer (artículo 1 de la Ley 20.393).

Para estos efectos, la ley deja sin aplicación la regla del Código Procesal Penal que limitaba la responsabilidad penal a las personas naturales. Así, la empresa puede ser imputada, formalizada y condenada como tal, con penas propias que van desde la multa hasta su extinción.

Su responsabilidad es autónoma: la empresa puede ser condenada aunque la persona natural que cometió el delito no sea declarada responsable, porque su responsabilidad se extinguió o porque el procedimiento contra ella no pudo continuar. Incluso basta que conste que el hecho solo pudo cometerlo alguna de las personas que describe la ley, aunque no se la identifique (artículo 5 de la Ley 20.393).

¿A quién se aplica la Ley 20.393 y cuándo responde la empresa?

El artículo 2 de la Ley 20.393 enumera a quiénes alcanza: las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley, las empresas, sociedades y universidades del Estado, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público. El texto no distingue por tamaño ni por rubro. El tamaño sí importa en otro punto: lo que se le exige al modelo de prevención se mide «en la medida exigible a su objeto social, giro, tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle» (artículo 4 de la Ley 20.393).

Para que la empresa responda deben concurrir, según el artículo 3 de la Ley 20.393, todos estos elementos:

La ley alcanza también a los grupos: una empresa puede responder por el hecho cometido por personas de otra persona jurídica cuando esta le presta servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, o carece de autonomía operativa respecto de ella, y existen entre ambas relaciones de propiedad o participación (artículo 3, inciso segundo, de la Ley 20.393).

Hay un límite importante: la responsabilidad no se aplica «cuando el hecho punible se perpetre exclusivamente en contra de la propia persona jurídica» (artículo 3, inciso final). Si un trabajador defrauda a su empleador, la víctima es la empresa, no la responsable.

¿Qué delitos activan la Ley 20.393 tras la Ley 21.595?

El artículo 1 de la Ley 20.393, en su texto vigente, define el catálogo en dos numerales. El primero remite a «los delitos a que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Delitos Económicos, sean o no considerados como delitos económicos por esa ley». El segundo agrega delitos de otras normas.

Las modificaciones que la Ley 21.595 introdujo en la Ley 20.393 entraron en vigor el primer día del decimotercer mes siguiente a su publicación, es decir, el 1 de septiembre de 2024. Desde entonces el catálogo incluye, entre otros grupos:

  • Primera categoría de la Ley 21.595 (su artículo 1): delitos de mercado de valores, de la ley de la Comisión para el Mercado Financiero, de la Ley General de Bancos, de sociedades anónimas y figuras del Código Penal como la corrupción entre particulares y el cohecho a funcionario público extranjero.
  • Segunda categoría (artículo 2 de la Ley 21.595): delitos tributarios, aduaneros, ambientales, de pesca, de propiedad intelectual e industrial, de cotizaciones previsionales, el cohecho a empleado público, la estafa y la apropiación indebida, y los artículos 1 a 8 de la Ley 21.459 de delitos informáticos.
  • Tercera categoría (artículo 3 de la Ley 21.595): delitos funcionarios del Código Penal, como la malversación, y algunas figuras ambientales y electorales.
  • Cuarta categoría (artículo 4 de la Ley 21.595): la receptación y el lavado de activos cuando provienen de delitos económicos.
  • Fuera de la Ley 21.595 (numeral 2 del artículo 1 de la Ley 20.393): el financiamiento de conductas terroristas del artículo 8 de la Ley 18.314, los delitos del Título II de la Ley 17.798 sobre control de armas, la trata de personas y la sustracción de madera del Código Penal.

Hay una excepción expresa: mientras la ley no coordine las sanciones administrativas y penales del decreto ley N° 211, las personas jurídicas no responden penalmente por el delito de colusión. Lo dispone una norma de la propia Ley 21.595.

Para quien trabaja en datos personales, el punto relevante es el de los delitos informáticos. El ataque a la integridad de un sistema, el acceso ilícito, la interceptación ilícita, el ataque a la integridad de los datos, la falsificación informática, la receptación de datos, el fraude informático y el abuso de dispositivos (artículos 1 a 8 de la Ley 21.459) están en el catálogo por la vía del artículo 2 de la Ley 21.595. La propia Ley 21.459 ya los había incorporado a la Ley 20.393 en 2022 (artículo 21 de la Ley 21.459). El detalle está en nuestro artículo sobre la Ley 21.459 de delitos informáticos y en el de la Ley 21.595 de delitos económicos.

¿Qué penas puede recibir una empresa condenada?

El artículo 8 de la Ley 20.393 enumera siete penas: la extinción de la persona jurídica, la inhabilitación para contratar con el Estado, la pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos, la supervisión de la persona jurídica, la multa, el comiso y la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria. El tribunal impone siempre la multa (artículo 15) y, en toda condena, la publicación del extracto en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional (artículo 13).

Penas de la Ley 20.393 según la gravedad del delito (artículos 9, 12 y 14 de la Ley 20.393)
PenaSi el delito es un crimenSi el delito es un simple delito
Multa (siempre)Mínimo de 200 días-multa, hasta 400.Máximo de 200 días-multa, desde 2.
Valor del día-multaEntre 5 y 5.000 UTM, que fija el tribunal.Entre 5 y 5.000 UTM, que fija el tribunal.
Pérdida de beneficios fiscalesPor un período no inferior a tres años.Por un período de hasta tres años.
Extinción de la persona jurídicaSolo si fue condenada en los diez años anteriores o hay reiteración delictiva. Nunca a empresas públicas creadas por ley ni a servicios de utilidad pública críticos.No procede.
Inhabilitación para contratar con el Estado, supervisión y comisoProcede.Procede.
Publicación de extracto de la sentenciaSiempre.Siempre.

Ninguna combinación de multas puede superar 600 días-multa en conjunto. En los casos en que la ley lo disponga y el comiso de ganancias no pueda imponerse porque se distribuyeron, la multa puede llegar al 30 % de las ventas de la línea de productos o servicios asociada al hecho o al doble de las ganancias obtenidas (artículo 12 de la Ley 20.393).

La supervisión merece atención: si, por la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención, resulta necesario para prevenir nuevos delitos, el tribunal puede someter a la empresa a un supervisor nombrado por él, por entre seis meses y dos años, con facultades para impartir instrucciones obligatorias sobre ese sistema y acceder a todas sus instalaciones.

¿Qué debe tener un modelo de prevención de delitos según la Ley 20.393?

El artículo 4 de la Ley 20.393 dice cuándo un modelo es adecuado «para los efectos de eximirla de responsabilidad penal»: cuando, efectivamente implementado y en la medida exigible a la empresa, considere seria y razonablemente cuatro aspectos:

El texto vigente no regula una certificación del modelo ni usa la expresión «encargado de prevención» en el artículo 4: habla de «sujetos responsables». La figura del encargado de prevención de delitos aparece en el artículo 6 de la Ley 20.393, que considera atenuante la adopción, antes de la formalización, de medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos investigados, y entiende por tales «la autonomía debidamente acreditada del encargado de prevención de delitos» y las medidas de prevención y supervisión idóneas.

El modelo también pesa después: la existencia o inexistencia de un modelo y su grado de implementación es el primer factor que el tribunal considera para decidir qué penas adicionales impone (artículo 15 de la Ley 20.393), e implementar el modelo puede ser una condición de la suspensión condicional del procedimiento (artículo 25 de la Ley 20.393). La ley insiste en la implementación efectiva (artículos 3, 4 y 7): un documento que nadie aplica no exime.

¿En qué se diferencia del modelo de prevención de infracciones de la Ley 21.719?

Comparten nombre, estructura y varios elementos, pero son instrumentos distintos. El modelo de la Ley 20.393 previene delitos y lo evalúa un juez penal. El de la Ley 21.719, regulado en su artículo 49 y en el Decreto 662 del Ministerio de Hacienda, previene infracciones administrativas de protección de datos personales y lo certificará la Agencia de Protección de Datos Personales. Cuando entre en vigencia, la ley exigirá además a todo responsable adoptar acciones para prevenir esas infracciones (artículo 48), tenga o no un modelo certificado.

Modelo de prevención de delitos (Ley 20.393) frente al modelo de prevención de infracciones (Ley 21.719)
AspectoLey 20.393Ley 21.719
NormaArtículo 4 de la Ley 20.393.Artículos 49 a 53 de la Ley 21.719 y Decreto 662 del Ministerio de Hacienda.
Qué previeneLos delitos del catálogo del artículo 1 de la Ley 20.393.Las infracciones leves, graves y gravísimas de los artículos 34 bis, 34 ter y 34 quáter.
Consecuencia de no tenerloSi un delito del catálogo se vio facilitado por su falta, la empresa responde penalmente (artículo 3).No es una infracción en sí: el modelo es voluntario (artículo 49), pero sin certificado no se acredita la atenuante.
Quién lo dirigeUno o más sujetos responsables con independencia.Un delegado de protección de datos, obligatorio dentro del programa (artículo 49 letra a).
Verificación externaEvaluaciones periódicas por terceros independientes; el juez valora si es adecuado y efectivo.Certificación de la Agencia, con vigencia de tres años e inscripción en el Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento (artículos 51 y 52).
EfectoExime de responsabilidad penal si es adecuado y está efectivamente implementado; las medidas eficaces adoptadas antes de la formalización atenúan (artículo 6).Atenuante: cumplimiento diligente de los deberes de dirección y supervisión, que se verifica con el certificado (artículo 36 N° 5).
Regulación internaIncorporada en los contratos de trabajo y de prestación de servicios.En los contratos o en el reglamento interno que regula el Código del Trabajo (artículo 49).

Hay una diferencia de calendario. La Ley 20.393 rige hoy con su catálogo ampliado. La Ley 21.719 entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026 según la ley publicada, y el Congreso despachó el 17 de noviembre de 2026 una prórroga al 15 de octubre de 2027 que todavía debe promulgarse y publicarse. El detalle del modelo de datos está en cómo funciona el modelo de prevención de infracciones y en nuestro análisis del Decreto 662; el marco general, en el resumen de la Ley 21.719.

¿Cómo gobernar los dos modelos sin duplicar trabajo?

Los dos modelos piden lo mismo en la forma: un mapa de riesgos por proceso, protocolos, un canal de denuncia, sanciones internas incorporadas a los contratos y una figura con autonomía que rinda cuentas a la alta dirección. Una empresa que ya tiene un modelo de la Ley 20.393 puede aprovechar esa arquitectura: el mismo comité, el mismo ciclo de revisión y el mismo canal de denuncias, con un capítulo propio para datos personales.

Lo que no se puede reutilizar es el contenido. La matriz de riesgos penales no identifica los tipos de datos que la empresa trata ni caracteriza a sus titulares, que es lo que exige la letra c) del artículo 49 de la Ley 21.719. El delegado de protección de datos necesita conocimientos específicos y debe ser designado por la máxima autoridad directiva (artículo 50). Y la Agencia lo certificará con sus propias reglas.

El vínculo más concreto está en los incidentes de seguridad. Si alguien de la empresa accede sin autorización a un sistema ajeno para obtener información en beneficio de ella, puede configurarse un delito informático del catálogo de la Ley 20.393. Si la empresa es la víctima de un ataque externo, la Ley 20.393 no la alcanza, pero la ley de protección de datos personales le exigirá haber adoptado medidas de seguridad (artículo 14 quinquies) y reportar a la Agencia, sin dilaciones indebidas, las vulneraciones cuando exista un riesgo razonable para los derechos y libertades de los titulares (artículo 14 sexies).

En AlayIAtrust implementamos el modelo de prevención de infracciones de la Ley 21.719 y el gobierno de datos que lo sostiene, coordinado con el modelo de la Ley 20.393 que ya administra tu área de cumplimiento. No hacemos defensa penal. Si quieres revisar cómo integrar ambos, conoce nuestro programa para grandes empresas.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es la Ley 20.393 en Chile?

Es la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, publicada el 2 de diciembre de 2009. Regula por qué delitos responde una empresa, cómo se investiga y qué penas se le pueden imponer (artículo 1 de la Ley 20.393). Su catálogo se amplió con la Ley 21.595 de delitos económicos.

¿A quién se aplica la Ley 20.393?

A las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley, las empresas, sociedades y universidades del Estado, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público (artículo 2 de la Ley 20.393). El texto no distingue por tamaño, aunque lo exigible al modelo de prevención se ajusta al giro, tamaño, complejidad y recursos de cada entidad (artículo 4).

¿Qué cambió la Ley 21.595 en la Ley 20.393?

Reemplazó el catálogo de delitos: hoy el artículo 1 de la Ley 20.393 remite a los delitos de los artículos 1 a 4 de la Ley 21.595, sean o no considerados delitos económicos, más algunos delitos de otras normas. También reemplazó el artículo sobre el modelo de prevención (artículo 4) y modificó el régimen de penas, que ahora remite a la Ley de Delitos Económicos para la inhabilitación y el cálculo de la multa. Esas modificaciones entraron en vigor el 1 de septiembre de 2024.

¿Cuándo responde penalmente una empresa?

Cuando una persona que ocupa un cargo, función o posición en ella, o que gestiona sus asuntos ante terceros, comete un delito del catálogo en el marco de su actividad, y el hecho se vio favorecido o facilitado por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención (artículo 3 de la Ley 20.393). No responde si el delito se cometió exclusivamente en contra de la propia empresa.

¿Qué debe tener un modelo de prevención de delitos?

Según el artículo 4 de la Ley 20.393, cuatro elementos: identificación de actividades o procesos con riesgo delictivo; protocolos y procedimientos con canales seguros de denuncia y sanciones internas, incorporados en los contratos; uno o más responsables con independencia, facultades y recursos; y evaluaciones periódicas por terceros independientes. Debe estar efectivamente implementado, no solo escrito.

¿La Ley 20.393 exige certificar el modelo de prevención?

El texto vigente no regula una certificación del modelo. El artículo 4 de la Ley 20.393 exige evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos para perfeccionar el modelo a partir de ellas. Quien decide si el modelo era adecuado y efectivo es el tribunal penal.

¿Cuáles son las penas de la Ley 20.393?

Extinción de la persona jurídica, inhabilitación para contratar con el Estado, pérdida de beneficios fiscales, supervisión, multa, comiso y publicación de un extracto de la sentencia (artículo 8 de la Ley 20.393). La multa se impone siempre y se calcula en días-multa, entre 2 y 400, con un valor de 5 a 5.000 UTM cada uno (artículo 12). La extinción solo procede en crímenes con condena previa en los últimos diez años o reiteración.

¿Los delitos informáticos están en la Ley 20.393?

Sí. Los artículos 1 a 8 de la Ley 21.459 de delitos informáticos, como el acceso ilícito o el fraude informático, forman parte de la segunda categoría del artículo 2 de la Ley 21.595, a la que remite el artículo 1 de la Ley 20.393. Una empresa puede responder si uno de esos delitos se comete en el marco de su actividad y se ve facilitado por la falta de un modelo de prevención efectivo.

¿Es lo mismo el modelo de prevención de delitos que el de la Ley 21.719?

No. El de la Ley 20.393 previene delitos y puede eximir de responsabilidad penal. El de la Ley 21.719 (artículo 49) previene infracciones de protección de datos personales, exige designar un delegado de protección de datos y lo certificará la Agencia; su efecto es una atenuante que se verifica con ese certificado (artículo 36 N° 5).

¿Sirve el encargado de prevención de delitos como delegado de protección de datos?

La Ley 21.719 no lo prohíbe: el delegado puede desempeñar otras funciones si se evitan conflictos de interés (artículo 50). Pero debe reunir requisitos de idoneidad, capacidad y conocimientos específicos en protección de datos, ser designado por la máxima autoridad directiva y contar con autonomía en esas materias. Conviene evaluarlo caso a caso.

Fuentes oficiales

Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal para un caso particular.

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