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Ley 21.595 de Delitos Económicos: categorías, penas y qué cambió para las empresas

La Ley 21.595 no creó un delito llamado «delito económico»: ordenó en cuatro categorías delitos previstos en otras leyes, creó algunos nuevos y les aplicó un régimen de penas propio, más severo y más difícil de sustituir.

Cumplimiento penal · Ley 21.595
Respuesta corta

La Ley 21.595 de Delitos Económicos, publicada en Chile el 17 de agosto de 2023, agrupa en cuatro categorías delitos de otras leyes y algunos nuevos, varios solo si se cometen en una empresa o en su beneficio, y les aplica un régimen especial: días-multa, inhabilitaciones, comiso de ganancias y penas sustitutivas restringidas. Además, reescribió la Ley 20.393 de responsabilidad penal de las empresas.

Lo esencial en 30 segundos

  • Publicada el 17 de agosto de 2023; sus cambios a la Ley 20.393 rigen desde el 1 de septiembre de 2024.
  • Clasifica los delitos económicos en cuatro categorías (artículos 1 a 4): la primera lo es siempre; las demás, según su vínculo con una empresa.
  • Todo delito económico lleva multa en días-multa, inhabilitaciones y comiso de ganancias.
  • Los delitos informáticos de la Ley 21.459 (artículos 1 a 8) están en la segunda categoría, y por ellos también puede responder la persona jurídica.
  • Cuando la Ley 21.719 entre en vigencia, un incidente con datos personales podrá tener a la vez consecuencias penales y administrativas ante la Agencia de Protección de Datos Personales.

La Ley 21.595, conocida como Ley de Delitos Económicos, cambió la forma en que el sistema penal chileno trata los delitos que se cometen dentro de las empresas o para beneficiarlas. Definió qué es un delito económico, creó reglas propias para determinar la pena, limitó las penas sustitutivas e hizo obligatorias la multa, las inhabilitaciones y el comiso de ganancias. Si quieres el panorama completo, parte por nuestra guía sobre la ley de protección de datos personales en Chile.

Este resumen se basa en el texto oficial (fuentes revisadas el 19 de noviembre de 2026) y cubre vigencia, categorías, penas, cambios a la Ley 20.393, delitos ambientales y su relación con los delitos informáticos y la protección de datos personales.

¿Qué es la Ley 21.595 y desde cuándo rige?

La Ley 21.595 de Delitos Económicos es una ley penal chilena que sistematiza los delitos contra el orden socioeconómico y les asigna un régimen especial de penas. Fue promulgada el 7 de agosto de 2023 y publicada en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2023.

Su norma de vigencia fija la regla general: la ley entró en vigor el día de su publicación. Hay dos excepciones. Las modificaciones a la Ley 20.393, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entraron en vigor «el primer día del decimotercer mes siguiente al de su publicación», es decir, el 1 de septiembre de 2024. Las modificaciones de los números 10 a 16 de su artículo 48 al Código Penal entraban en vigor al día siguiente de la fecha fijada por la Ley 21.563, que moderniza los procedimientos concursales, si esa fecha era posterior a la publicación.

¿Cuáles son las cuatro categorías de delitos económicos?

La ley no define el delito económico en abstracto: enumera disposiciones de otras leyes y las clasifica en cuatro categorías según su vínculo con una empresa.

Las cuatro categorías de delitos económicos de la Ley 21.595
CategoríaCuándo un hecho es delito económicoEjemplos del catálogo
Primera (artículo 1)«En toda circunstancia», sin necesidad de vínculo con una empresa.Delitos de mercado de valores, bancarios y de sociedades anónimas.
Segunda (artículo 2)Cuando se comete en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o en su beneficio.Delitos tributarios, aduaneros, informáticos (Ley 21.459), ambientales del Código Penal y de propiedad intelectual e industrial.
Tercera (artículo 3)Cuando interviene alguien en ejercicio de un cargo en una empresa, o se comete en su beneficio.Cohecho, malversación y otros delitos funcionarios; un delito de la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente.
Cuarta (artículo 4)Receptación y lavado de activos cuando los bienes provienen de delitos de las categorías anteriores.Receptación del Código Penal y lavado de activos de la Ley 19.913.

Dos reglas completan el sistema. El artículo 8 exige que, en las categorías segunda y tercera, y en parte de la cuarta, la persona haya conocido el vínculo con la empresa al intervenir. Y el artículo 6 excluye los títulos de penas y de comiso de ganancias para los delitos de las categorías segunda y tercera (y parte de la cuarta) cometidos en el contexto o en beneficio de una micro o pequeña empresa; si pertenece a un grupo empresarial, se suman los ingresos del grupo.

¿Qué cambió en el sistema de penas?

Los delitos económicos tienen reglas propias de determinación de la pena; las generales solo se aplican en subsidio (artículo 9). El artículo 12 excluye las atenuantes y agravantes comunes del Código Penal y las reemplaza por un catálogo propio (artículos 13 a 16). Participar activamente en una posición jerárquica superior, como gerente general o director, es una agravante muy calificada.

Los demás cambios son estos:

  • Multa obligatoria en días-multa. Todo delito económico conlleva multa, que no puede sustituirse (artículo 10). Se fijan de 1 a 300 días-multa según la pena del delito (artículo 27), y cada uno vale el ingreso diario promedio líquido del condenado, entre media y mil unidades tributarias mensuales (artículo 28).
  • Penas sustitutivas restringidas. Solo proceden tres: remisión condicional, reclusión parcial en domicilio y reclusión parcial en establecimiento especial (artículo 20). La remisión condicional exige, entre otros requisitos, una pena de hasta tres años y una atenuante muy calificada (artículo 21).
  • Inhabilitaciones copulativas. El tribunal debe imponer a todo condenado la inhabilitación para cargos u oficios públicos, para cargos gerenciales y para contratar con el Estado (artículos 30 a 33). Duran entre tres y diez años (hasta cinco para cargos públicos y gerenciales si no hay cárcel efectiva), y la de contratar con el Estado puede ser perpetua (artículos 34 y 35).
  • Comiso de ganancias. Toda condena por delito económico conlleva el comiso de las ganancias (artículo 40), y en ciertos casos procede incluso sin condena previa (artículo 41). Las ganancias incluyen los costos evitados mediante el delito.

¿Qué cambió para las empresas en la Ley 20.393?

El primer cambio es el catálogo: el artículo 1 de la Ley 20.393 ahora hace responder a la persona jurídica por «los delitos a que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Delitos Económicos, sean o no considerados como delitos económicos por esa ley».

El segundo es el alcance: el artículo 2 de la Ley 20.393 incluye a las personas jurídicas de derecho privado, las empresas del Estado y los partidos políticos, entre otras. Según el artículo 3 de la Ley 20.393, basta con que el delito se cometa en el marco de su actividad por alguien que ocupe un cargo, función o posición en ella, siempre que se vea favorecido o facilitado por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención.

El tercero son los requisitos del modelo de prevención de delitos. El artículo 4 de la Ley 20.393 dice que un modelo efectivamente implementado exime de responsabilidad cuando, en la medida exigible al giro, tamaño, complejidad y recursos de la persona jurídica, considera «seria y razonablemente» cuatro aspectos:

Las penas para la persona jurídica van desde la multa (de 2 a 400 días-multa, de 5 a 5.000 unidades tributarias mensuales cada uno, según el artículo 12 de la Ley 20.393) hasta la extinción (artículo 8 de la Ley 20.393). Más detalle en nuestro artículo sobre la Ley 20.393 de responsabilidad penal de las empresas.

¿Qué delitos nuevos incorporó, como los ambientales?

La Ley 21.595 también reemplazó el párrafo del Código Penal sobre atentados contra el medio ambiente. Sanciona, entre otras conductas, verter contaminantes o extraer aguas sin haber sometido la actividad a evaluación de impacto ambiental, sabiendo que se estaba obligado a ello, y castiga con penas mayores la afectación grave de aguas, suelo, aire, humedales, áreas protegidas o glaciares, incluso por imprudencia.

También reformuló los delitos de violación de secretos comerciales. Entre las formas de «intromisión» para acceder a un secreto comercial, el Código Penal incluye ahora el acceso a un sistema informático sin autorización o excediendo la autorización, superando barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad.

¿Qué relación tiene con los delitos informáticos y la protección de datos personales?

El artículo 2 número 20 de la Ley 21.595 incluye en la segunda categoría «los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la ley N° 21.459», sobre delitos informáticos: entre otros, el acceso ilícito, la interceptación ilícita, la receptación de datos informáticos y el fraude informático. El detalle está en nuestro artículo sobre la Ley 21.459 de delitos informáticos.

Si un trabajador accede sin autorización, superando barreras técnicas o medidas de seguridad, a la base de datos de otra empresa para captar clientes, el hecho puede ser un delito económico de la segunda categoría cuando se comete en ejercicio de su cargo o en beneficio de la empresa. Y como la Ley 20.393 remite a los artículos 1 a 4 de la Ley 21.595, la propia empresa puede responder penalmente si el delito se vio favorecido o facilitado por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención.

Ese incidente tiene además una cara administrativa. Cuando la Ley 21.719 entre en vigencia, el responsable de datos deberá reportar a la Agencia de Protección de Datos Personales las vulneraciones de seguridad que afecten datos personales «cuando exista un riesgo razonable para los derechos y libertades de los titulares» (artículo 14 sexies de la ley reformada). La fecha legal de vigencia sigue siendo el 1 de diciembre de 2026; el Congreso despachó una prórroga al 15 de octubre de 2027 que aún no ha sido promulgada ni publicada.

Los dos regímenes no se excluyen: el artículo 11 de la Ley 21.595 remite a una regla del Código Penal según la cual la posibilidad de que un hecho dé lugar a sanciones administrativas «no obsta a la imposición de las penas que procedan». Por eso conviene gestionar la prevención penal y la ley de protección de datos personales con un mismo mapa de riesgos.

¿Cómo integrar la prevención penal y la protección de datos?

El modelo de prevención de delitos de la Ley 20.393 y el modelo de prevención de infracciones de la Ley 21.719 son distintos: el primero exime de responsabilidad penal; el segundo será voluntario cuando la Ley 21.719 entre en vigencia (artículo 49 de la ley reformada) y, si se adopta, exigirá designar un delegado de protección de datos. Pero comparten la lógica.

Una empresa con modelo de prevención de delitos puede aprovecharlo para la protección de datos:

  • Incorporar los delitos informáticos de la Ley 21.459 a la matriz de riesgos penales.
  • Cruzarla con el inventario de tratamientos de datos personales y las medidas de seguridad.
  • Unificar la respuesta a incidentes, para que una brecha active a la vez la evaluación penal y la del reporte a la Agencia.

Para esa base común sirven un buen gobierno de datos y un modelo de prevención de infracciones de la Ley 21.719 bien diseñado. En AlayIAtrust implementamos la protección de datos personales y la tecnología que la sostiene, como OneTrust: así trabajamos con grandes organizaciones.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es la Ley 21.595?

Es la Ley de Delitos Económicos de Chile. Clasifica en cuatro categorías delitos de otras leyes (y algunos que ella misma creó) contra el orden socioeconómico y les aplica un régimen especial de penas: multa en días-multa, inhabilitaciones obligatorias, comiso de ganancias y penas sustitutivas restringidas.

¿Cuándo entró en vigencia la Ley 21.595?

Se publicó en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2023 y, por regla general, rige desde ese día. Sus modificaciones a la Ley 20.393 entraron en vigor el primer día del decimotercer mes siguiente a la publicación, el 1 de septiembre de 2024.

¿Cuáles son las cuatro categorías de delitos económicos?

La primera (artículo 1) agrupa delitos que son económicos en toda circunstancia, como los de mercado de valores. La segunda y la tercera (artículos 2 y 3) dependen de que el hecho se cometa en ejercicio de un cargo en una empresa o en su beneficio. La cuarta (artículo 4) cubre la receptación y el lavado de activos vinculados a esos delitos.

¿Qué es el día-multa?

Es la unidad con que se calcula la multa de todo delito económico. El tribunal fija de 1 a 300 días-multa según la pena del delito (artículo 27) y un valor por día igual al ingreso diario promedio líquido del condenado, entre media y mil unidades tributarias mensuales (artículo 28).

¿Qué penas sustitutivas admite la Ley 21.595?

Solo tres: remisión condicional, reclusión parcial en domicilio y reclusión parcial en establecimiento especial (artículo 20), cada una con requisitos propios. La multa y las inhabilitaciones no se pueden sustituir (artículo 10).

¿La Ley 21.595 se aplica a las pymes?

Parcialmente. El artículo 6 excluye sus títulos de penas y de comiso de ganancias para los delitos de la segunda y tercera categoría (y parte de la cuarta) cometidos en el contexto o en beneficio de una micro o pequeña empresa, sumando los ingresos del grupo empresarial si lo hay. La primera categoría no tiene esa excepción.

¿Qué debe tener un modelo de prevención de delitos tras la Ley 21.595?

El artículo 4 de la Ley 20.393 exige identificar las actividades de riesgo, fijar protocolos con canales seguros de denuncia y sanciones internas, designar responsables con independencia y recursos, y prever evaluaciones periódicas por terceros independientes, con mecanismos para actualizar el modelo según sus resultados. Si está efectivamente implementado y es adecuado, exime de responsabilidad penal a la persona jurídica.

¿Los delitos informáticos son delitos económicos?

Sí, de la segunda categoría. El artículo 2 número 20 de la Ley 21.595 incluye los artículos 1 a 8 de la Ley 21.459 cuando se cometen en ejercicio de un cargo en una empresa o en su beneficio. Por esos delitos también puede responder la persona jurídica bajo la Ley 20.393.

¿Una filtración de datos personales puede tener consecuencias penales y administrativas a la vez?

Sí. Puede haber responsabilidad penal si involucra delitos de la Ley 21.459 y, cuando la Ley 21.719 entre en vigencia, deber de reportar a la Agencia de Protección de Datos Personales las vulneraciones con riesgo razonable para los titulares (artículo 14 sexies). Según el artículo 11 de la Ley 21.595, las sanciones administrativas no impiden imponer las penas que procedan.

Fuentes oficiales

Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal para un caso particular.

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