Entrada en vigencia
Dic 2026
La Agencia de Protección de Datos empieza a fiscalizar el 1 de diciembre.
Los organismos del Estado tratan datos de ciudadanos a gran escala y con la máxima responsabilidad. Implementamos la Ley 21.719 —legal, operación y tecnología— para llegar listos a la fiscalización de diciembre de 2026.
Sin compromiso · Respuesta en 24 horas hábiles
Organizaciones que han confiado en Alaya Digital Solutions
Acompañamos a organismos públicos, municipalidades y servicios del Estado en la protección de los datos de los ciudadanos.
Dic 2026
La Agencia de Protección de Datos empieza a fiscalizar el 1 de diciembre.
Toda
empresa
Pública o privada, grande o PyME. Si tratas datos personales, debes cumplir.
20k UTM
Más de $1.390 millones CLP. Para infracciones gravísimas, también 4% de ingresos anuales.
Diagnóstico
Saber dónde estás parado. Luego: plan, implementación y acompañamiento.
Ningún otro sector concentra tantos datos personales como el público. Un organismo no elige a sus titulares: atiende a toda la ciudadanía, casi siempre sin alternativa de "no entregar" la información. Esa relación obligatoria, sumada al deber de transparencia, vuelve el cumplimiento de la Ley 21.719 especialmente exigente aquí.
Padrones, registros civiles, beneficios sociales, salud, educación y tributación reúnen datos de millones de personas que no pueden optar por no entregarlos. El volumen y la cobertura total convierten cualquier incidente en un evento de gran escala, con titulares que confían su información por obligación, no por elección.
Salud, situación socioeconómica, condición de niños y adolescentes, antecedentes o pertenencia a grupos vulnerables circulan de forma rutinaria en programas y subsidios públicos. Bajo la Ley 21.719 estas categorías exigen el mayor cuidado, y un trato indebido afecta directamente a quienes menos capacidad de defensa tienen.
Los trámites cruzan instituciones: un solo dato viaja entre ministerios, municipios y servicios. Cada traspaso amplía la superficie de exposición y diluye la responsabilidad sobre quién trata qué. Definir roles, registrar flujos y trazar el dato extremo a extremo es donde el cumplimiento se vuelve más difícil de sostener.
El sector convive con dos deberes que pueden tensionarse: publicar y rendir cuentas, y a la vez resguardar datos personales. Conciliar el acceso a la información pública con los derechos ARSOP de cada titular exige criterios claros para decidir qué se difunde, qué se anonimiza y qué se reserva.
En AlayIAtrust partimos del mapa real de tus flujos: qué datos entran por cada trámite, hacia qué organismos viajan y dónde quedan sensibles o expuestos. Sobre esa base ordenamos el registro de actividades de tratamiento, evaluamos los procesos de mayor impacto y dejamos a tu equipo capaz de responder solicitudes de la ciudadanía y notificar brechas sin improvisar.
No te entregamos un informe que duerme en un cajón. Acompañamos a las instituciones para que el cumplimiento conviva con el deber de servicio y de transparencia, anticipando el inicio de la fiscalización plena el 1 de diciembre de 2026 con una hoja de ruta sostenible, no con una corrida de última hora.
La nueva Agencia de Protección de Datos fiscaliza por denuncia o de oficio. Estos son los escenarios más frecuentes en la práctica.
"Pedí acceder y rectificar mis datos en el organismo y no obtuve respuesta dentro de plazo."
Los organismos públicos deben atender los derechos ARSOP dentro del plazo legal. Incumplir expone a sanción y a reclamo ante la Agencia.
"Un sistema con datos de beneficiarios quedó expuesto por una mala configuración."
Es una brecha de datos personales: notificación sin dilación a la Agencia y a los afectados. Infracción gravísima y fuerte daño reputacional institucional.
"Tratamos datos de miles de personas, pero nadie responde formalmente por su protección."
En el sector público la designación de un responsable (DPO) y el registro de actividades de tratamiento son esperables. Su ausencia es una brecha de cumplimiento.
Las sanciones se publican en el Registro Nacional administrado por la Agencia. El daño reputacional —difícil de medir, imposible de revertir— suele superar al económico.
¿Cómo me preparo? →Imagina que mañana la Agencia te exige probar que un cliente específico autorizó el uso de sus datos. ¿Cuánto tarda tu equipo en consolidar la evidencia?
Sin sistema: días buscando en planillas y carpetas. Riesgo de error y sanción por no demostrar el cumplimiento.
Con AlayIAtrust: buscas el nombre y aparece todo el recorrido — consentimientos, ARSOP, versión del aviso, fecha y canal.
Implementamos la Ley 21.719 en organismos públicos y servicios que tratan datos de ciudadanos en Chile. Combinamos más de 20 años de experiencia en proyectos complejos con una metodología propia para diagnóstico, priorización, plan, ejecución y operación continua. Estos son los componentes que dejamos funcionando dentro de tu organización.
Registro de actividades de tratamiento (RAT): qué datos tratas, con qué finalidad y bajo qué base.
Definimos y documentamos la base legal de cada tratamiento de datos personales.
Procesos para atender acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad dentro de plazo.
Procedimiento para detectar, contener y notificar incidentes a la Agencia y a los titulares.
Cláusulas y contratos de tratamiento (DPA) con proveedores y terceros que acceden a datos.
Evaluaciones de impacto (EIPD) para tratamientos de alto riesgo, cuando corresponda.
Roles, políticas internas y formación del equipo para sostener el cumplimiento en el tiempo.
Avisos de privacidad, políticas y evidencia ordenada y lista para una fiscalización.
La mayoría de las organizaciones no saben qué hacer primero ni quién debe liderarlo. Te entregamos una hoja de ruta clara desde el día uno.
30 minutos sin compromiso. Evaluamos tratamientos, riesgos y brechas frente a la Ley 21.719.
Esta semanaOrdenamos los hallazgos por riesgo regulatorio e impacto en el negocio.
FocoHoja de ruta priorizada: qué hacer primero, quién en tu equipo lidera y qué solución corresponde.
2 — 4 semanasImplementación legal y operativa más habilitación tecnológica: contratos, políticas, consentimientos y capacitación.
1 — 6 mesesMonitoreo, auditorías internas y acompañamiento ante una fiscalización.
PermanenteUna implementación enterprise toma 3 — 6 meses; una solución PyME, 1 — 4 meses. Conviene comenzar con anticipación para llegar a tiempo.
Diagnóstico inicialNo somos una startup vendiendo una plataforma básica, ni una consultora global operando desde el extranjero. Trabajamos como tu equipo en Chile — asesoría legal, la tecnología de OneTrust y acompañamiento durante todo el proceso, en un solo equipo y 100% presencial.
Abogados especializados + ingenieros en datos en un solo equipo. La mayoría te vende solo software o solo consultoría — nosotros te llevamos al cumplimiento.
Equipo completo presencial. Vivimos el marco regulatorio chileno todos los días — no somos sucursal de nadie.
Filial de Alaya Digital Solutions, asesorando a grandes organizaciones desde 2005.
Experiencia en proyectos complejos de gobernanza, seguridad y transformación digital para clientes líderes de banca, retail, minería y sector público.
Ya conoces la ley, los riesgos y nuestra forma de trabajar. Estas son las dos rutas de implementación que ofrecemos. Te ayudamos a elegir la correcta según el tamaño y madurez de tu organización.
Implementación rápida
Todo lo necesario para cumplir la ley sin la complejidad de una solución enterprise. Más simple, más rápida, lista en pocos meses.
Para exportadoras, pesqueras, distribuidoras y constructoras.
Tecnología líder mundial
Para organizaciones con grandes volúmenes de datos, múltiples sistemas y exigencias regulatorias máximas. Una plataforma usada por grandes organizaciones a nivel internacional.
Para banca, retail, holdings y multinacionales.
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Son deberes compatibles si se definen criterios claros. La transparencia obliga a publicar y rendir cuentas; la Ley 21.719 protege los datos de cada titular. El trabajo está en decidir, caso a caso, qué se difunde, qué se anonimiza y qué se reserva, dejando reglas escritas que el equipo pueda aplicar de forma consistente ante cada publicación o solicitud de información.
La interoperabilidad no diluye responsabilidades: cada organismo responde por el tratamiento que realiza. Lo clave es registrar los flujos entre instituciones, dejar claro qué rol cumple cada parte y qué ocurre con el dato en cada traspaso. Ese mapa permite responder con precisión ante la Agencia de Protección de Datos Personales y ante la ciudadanía.
Por visibilidad antes que por herramientas. Primero identificamos qué datos personales y sensibles trata cada área y cómo circulan entre trámites, registros y plataformas, priorizando los servicios de mayor volumen y exposición a la ciudadanía. A partir de ahí se ordena el registro de tratamientos, se evalúan los procesos más críticos y se construye una hoja de ruta por etapas, en lugar de intervenir todo a la vez.
A toda persona natural o jurídica, pública o privada, que trate datos personales en Chile. Aplica también a empresas extranjeras que ofrezcan bienes o servicios en el territorio.
El diagnóstico inicial no tiene costo. Agendamos una reunión de 30 minutos, evaluamos tu situación y te entregamos un informe con brechas y recomendaciones concretas.
Depende del tamaño y la madurez digital. Una solución PyME se implementa en 1 a 4 meses. Una solución enterprise toma 3 a 6 meses. Por eso recomendamos empezar ahora.
Trabajamos con ambos perfiles. Tenemos soluciones diseñadas específicamente para PyMEs y mid-market, y soluciones enterprise para banca, retail y multinacionales.
Tres cosas: somos 100% presenciales en Chile, combinamos asesoría legal con tecnología en el mismo equipo, y tenemos 20 años de trayectoria con clientes de banca, retail, minería y sector público.
Cada sector trata datos distintos y enfrenta riesgos propios. Mira el enfoque para el tuyo.
Empieza con un diagnóstico. En 30 minutos sabrás qué tan lejos —o cerca— estás del cumplimiento.